APADESHI Asociación de Padres Alejados de sus hijos

Denuncias de abuso sexual: Falsedad y Veracidad

Lic. Marta D. de Albarracín  - Psicologa - Perito 

           Aproximadamente un 10 % de los casos de familia derivados a este servicio consultan por una denuncia de abuso sexual.  De ellos, la mayoría proviene de la Justicia, y un pequeño número acude espontáneamente o a sugerencia de otra institución (escuela, hogar).  En momentos en que ha aumentado notablemente la difusión de información sobre el fenómeno del abuso, las consultas también se incrementan en todos los servicios.  Los autores especializados interpretan este incremento como resultado de dicha difusión, y de la existencia de mayor número de centros y equipos especializados en el tema, cuya acción es conocida  por la población.   En 1996 el Consejo de Abuso y Negligencia Infantil de USA denunciaba el fenómeno como emergencia nacional, y en sucesivos reportes recomendaba a cada comunidad y a cada nivel de gobierno debatir y trazar políticas de protección   (Krugman, 1996), reportes que según el autor, fueron ignorados.  Entre 1986 y 1993, el número de niños seriamente maltratados se duplicó, de 1,4 millones a 2,8 millones, según el Tercer Estudio Nacional de Incidencia de Abuso y Negligencia de Niños (NIS-3, Sedlak & Broadhurst, 1996).  En nuestro país no cabe explicar el aumento de la demanda como resultado del incremento de los casos, lo que sería de todos modos  incomprobable dada  la carencia de datos epidemiológicos en las últimas décadas y aún al presente.  Tampoco como resultado de políticas orgánicas, que no existen.  Mc Devitt (1996) analiza las causas de la explosión social de informes de victimización infantil en EEUU y la influencia recíproca de los medios y de los reportes de los servicios de maltrato. Reconoce el aumento de ambos en los últimos 25 años, y lo atribuye a las políticas implementadas, pero también atribuye una porción del incremento de denuncias a los vuelcos de la economía y a otros fenómenos sociales emergentes.  Estudios locales recientes (Albarracín, 2000), informan que un 7 % de las mujeres adultas de clase media baja y baja, admite haber sido abusada sexualmente en su infancia, y un 17 % haber sufrido maltrato físico. El mismo estudio,  sobre una  muestra de más de 200 madres, informa que un 68,7 % de ellas aplica castigos físicos a niños de una edad promedio de 4,8 años.  Estos datos sugieren  la real prevalencia del fenómeno de la victimización en nuestro medio.

La tarea de este servicio es particularmente difícil porque no es un servicio público, incluido dentro de un hospital.  En los hospitales, suelen ser los pediatras los primeros en derivar al Servicio de Maltrato, generalmente a las  madres que acuden  movidas por sospechas sobre alguna situación abusiva o por consultas de rutina.  Allí se indaga y se confirma o descarta tal sospecha, en base al examen médico, a  las versiones de las madres y a las entrevistas con los niños. En nuestro caso, son muy pocas las consultas espontáneas:  la mayoría pasó ya por el tribunal, que generalmente los derivó antes a un servicio público (dada la restricción que obliga a los jueces a designar sólo los servicios de ese tipo). Estos consultantes han atravesado por lo tanto diversas instancias, y sólo cuando el juez duda del diagnóstico formulado por el servicio que intervino, o cuando no se ha llegado a ningún diagnóstico concluyente, decide que nuestro servicio, considerado de alta especialización,  haga  una  nueva evaluación. 

Etiología del abuso sexual

La evaluación debe considerar los múltiples determinantes del fenómeno.  La literatura especializada reciente identifica determinantes históricos y sociales, otros situacionales, y finalmente los individuales, referidos a patologías de los adultos o a características del niño.  Los modelos de abordaje de probada eficacia son los que focalizan simultáneamente tanto en los determinantes contextuales que dan origen al fenómeno del abuso, como en las particulares condiciones de la interacción entre el niño y sus cuidadores. Desde la contribución decisiva de Bronfenbrenner (1979) la victimización infantil es reconocida como una resultante de una gran variedad de factores que operan a través de procesos transaccionales correspondientes a varios niveles de análisis (Belsky, 1993).  Cuando ocurre, es resultado del disbalance entre factores estresores y factores compensatorios (Cicchetti & Carlson, 1989; Albarracín, 1997).  No sólo no existe una causa simple de la victimización, sino que tampoco hay causas necesarias ni suficientes.  Se trata de múltiples mediaciones e interacciones entre innumerables de factores.

Si bien el abuso físico y la negligencia no constituyen en general formas puras de victimización, el abuso sexual es tratado en cambio como un fenómeno más diferenciado.  Todos pueden sin embargo coexistir.  En un estudio en curso (Albarracín, 2000),  se han considerado tres series de determinantes para detectar la incidencia de abuso sexual en una muestra de nuestra población tomada en el Servicio de Pediatría del Hospital Donato Álvarez, de la ciudad de Buenos Aires.  Junto con otras formas de victimización, el abuso sexual comparte varios determinantes ambientales, como la pobreza material y social, el desempleo y el hacinamiento.  Otro grupo de determinantes proviene de las condiciones familiares, tales como discordia, soledad, ausencia de controles y de normas sociales.  El tercero, se refiere a características de las personas y de su interacción, tales como dificultades para mantener sexo con adultos, falta de interiorización de normas, insatisfacción sexual en la pareja y abuso de substancias. Diversos estudios ( Coulborn Faller, 1993; Benedek & Schetky, 1985) diferencian el grupo de las denuncias de  abuso sexual intrafamiliar, ocurridas durante la convivencia de la pareja, de aquéllas producidas pos-divorcio/ separación, cuando subsisten litigios por visitas o tenencia.  Coinciden en constatar que el mayor número de falsas denuncias corresponde a éste último grupo.  Considérese además que un gran número de episodios de abuso, en particular los ocurridos con niños menores de 5 años, no dejan huellas físicas en la víctima, y en consecuencia el diagnóstico debe basarse en testimonios y exámenes psicológicos.  Determinar la veracidad de las denuncias es en estos casos una compleja tarea que debe abarcar la evaluación del fenómeno en todos sus niveles de análisis.

            La experiencia indica que las intervenciones son extremadamente difíciles, e implican un alerta particular para los profesionales, cuando:

(1) La familia está envuelta en un litigio previo, por divorcio, visitas o tenencia, que generalmente incluye reclamos patrimoniales.

(2) Los contactos entre el acusado (generalmente el padre) y los niños, se han interrumpido hasta que se decida si existe riesgo.  Dicha interrupción se extiende desde pocos días a 4 años y más, con el consiguiente deterioro en el vínculo.

(3) Generalmente han  intervenido uno o más psicólogos o psiquiatras antes, que han diagnosticado abuso en base a datos insuficientes, o que no se han pronunciado. Estos profesionales, pertenecientes a servicios públicos,   tienen un sesgo decididamente a  favor del denunciante, hasta tal punto que la mayoría de las veces se han negado a entrevistar al denunciado y a otros familiares que no acuerdan con la sospecha de abuso. 

(4) Los niños han sido interrogados reiteradamente, por la familia, jueces y profesionales, y se ignora hasta qué punto esos  interrogatorios han sido sugestivos.  Las  versiones originarias se han deteriorado o bien se han implantado falsos recuerdos.

(5) No existen pruebas físicas del presunto abuso.

(6) El problema ha tomado estado público, no sólo por su difusión en el tribunal, en el hospital o en la escuela, sino que algunas de las personas involucradas en él llegan a asistir a programas en los medios donde exponen su punto de vista.  Esta publicidad torna muy difícil para el tribunal revisar lo actuado, y reconocer eventualmente un error respecto del diagnóstico de abuso.

 

Validación de las denuncias:  análisis del contexto

(1)   El litigio

De las denuncias producidas, una porción corresponde a familias que conviven, con diferentes grados de conflicto, y que reaccionan con incredulidad a la revelación, hecha por lo general por la víctima, del episodio de abuso. Ignoran el procedimiento legal a seguir en estos casos y carecen de asistencia letrada. En su caso, las acciones legales que eventualmente se inicien, no implican un compromiso emocional hostil por parte de los actores, que tienden a ocultar su situación y a delegar en el tribunal las decisiones.

El otro grupo, acude a consecuencia de denuncias producidas en el marco de un litigio pos-divorcio.  Es en general el tribunal el que ordena la validación de la denuncia, o bien que se estime la posibilidad de iniciar una revinculación entre el menor y el denunciado, ante un diagnóstico incierto realizado con anterioridad. En la mayoría de estos casos se ha operado un proceso de exclusión parental progresiva (Albarracín y col. , 1991), cuya última instancia es la interrupción de un régimen de visitas ante la sospecha de abuso sexual.  Esta es precedida por resistencia de los menores a su cumplimiento, episodios de agresión entre los progenitores, visitas asistidas, denuncias policiales e interrupción total del diálogo parental.  En este grupo, las víctimas suelen ser niñas, menores de 6 años, de las que se dice que han dado una versión acerca de una presunta conducta abusiva del progenitor visitante. La actitud del denunciante previa a recibir esta información, es en general de extrema suspicacia, que determina interrogatorios a los menores sobre sus actividades durante las visitas, atendiendo de manera insistente a todo lo que parezca tener carácter abusivo. La resistencia de los niños a los encuentros es interpretada como defensa ante alguna clase de daño de que están siendo objeto, y este supuesto conduce la indagación. Los esfuerzos del excluido por mantener el contacto son tomados- por el conviviente y los niños- como meras provocaciones y agresiones, y como prueba de su carácter violento, más que como demostraciones de interés por los hijos.

(2)   La interrupción de los contactos

La suspensión de los contactos, fáctica u ordenada por el tribunal, tiene consecuencias que conviene revisar, sea que el abuso ocurrió o no: 

-En primer lugar, el/los menores no alcanzan a comprender los motivos, pero saben que algo malo ha pasado, y generalmente se sienten responsables del alejamiento. 

-El clima familiar se ha tornado muy hostil hacia el excluido, y ejerce presión para que los niños oculten sus sentimientos positivos hacia él.

-Con frecuencia, niños muy pequeños piensan que el acusado los ha abandonado, o que ha muerto, y con mucha frecuencia, que está enojado con ellos.

-Los intentos de revinculación o los encuentros ocasionales (escuela, tribunal), son tan violentos que hacen desear al niño que no se repitan.

-En general, los niños escuchan conversaciones entre adultos llenas de tensión y amenazas, que aumentan su angustia.

-De los pocos datos que reciben, surge el temor a ser secuestrados, alejados de su madre, o castigados de alguna forma por el denunciado, a quién perciben como colérico y vengativo.

-Se habitúan a descifrar, de las expresiones y estados de ánimo de los adultos, qué deben decir o hacer para evitar más violencia, y pierden toda espontaneidad.

-El acusado es asesorado por sus letrados para abstenerse de intentos espontáneos para restablecer el contacto, y se habitúa a hacerse acompañar por testigos o escribanos, en previsión de nuevas denuncias.

-La percepción de amenaza por parte de los adultos incrementa todas las medidas de protección (cambios de teléfono y domicilio, contestadores automáticos las 24 hs. , alerta a la escuela, abandono de salidas y actividades que expongan al encuentro con la contraparte, espionaje, bloqueo de encuentros/comunicaciones con familia y amigos del denunciado, etc.), y también las conductas que apelan a soluciones mágicas (consulta con videntes, y rechazo de objetos o regalos provenientes de la contraparte).

(3)   El sesgo de los profesionales

El efecto del sesgo y las expectativas del experimentador ha sido suficientemente estudiado durante este siglo. La información consistente con las expectativas es más fácilmente detectada y recordada (Ceci & Bruck, 1994); el número de casos confirmatorios es sobreestimado, y las expectativas pueden asimismo deformar la información que resulta incongruente.  Estudios realizados con niños de 5 y 6 años demostraron que sus recuerdos se tornaban inexactos y que perdían precisión con el paso del tiempo (Ceci, Leitman & White, en prensa) bajo la influencia del entrevistador, y que las notas tomadas por un previo entrevistador influían sobre el siguiente.  Los recuerdos de los niños resultaron ser muy exactos, con pocos errores de omisión o comisión, pero cuando las hipótesis de los entrevistadores eran incorrectas, el incitaban un importante monto de información incorrecta, especialmente entre los más pequeños.  Pettit, Fegan y Howie (1990, citados por Ceci y Bruck), confirmaron el hecho de que las creencias del entrevistador influían sobre su estilo de interrogar a los niños, y sobre la consiguiente exactitud de los informes de éstos. Clarke y col. (1989) condujeron un estudio con niños de 5 y 6 años que demostró que el 75 % de los niños se conformaban rápidamente a las sugestiones del entrevistador, y que el 90 % de ellos acordaban con la interpretación que éste daba de un evento.

Los datos provistos por estos tres estudios son propuestos por Ceci y Bruck como prueba del peligro de que el entrevistador cuente con una única hipótesis acerca de un hecho. Tanto que ésta sea correcta como incorrecta, queda demostrado que puede influir fuertemente sobre la información dada por los niños. Esto permite concluir que los entrevistadores deben proceder como los científicos: llegar a la verdad a través de eliminar las hipótesis rivales, especialmente las más razonables, e intentando falsificar sus hipótesis preferidas (Ceci & Bronfenbrenner, 1991). En la práctica clínica estas recomendaciones son difíciles de seguir, debido a las múltiples presiones bajo las que trabajan los profesionales. Tampoco se cuenta con la posibilidad, en la mayoría de los casos, de que otros entrevistadores puedan testear hipótesis alternativas si fallan los que intervienen inicialmente.  Sin embargo, los entrevistadores deberían entrenarse en poner a prueba dos o más hipótesis simultáneamente, sin que ello implique desconfianza hacia el niño.

(4)   Los letrados

La primera impresión que nuestro servicio  recibe de las comunicaciones iniciales con los letrados es la de la extrema alarma que los embarga. En general, si no tienen experiencia en el tema, se sienten inmediatamente identificados con su cliente y aceptan, sin cuestionarla, la versión que éste da sobre la contraparte y, si se trata del letrado de la parte denunciante,  sobre lo informado por el niño.  La mayoría de ellos tiene hijos, y se horrorizan ante las denuncias de abuso sexual. 

Por falta de información, incurren con frecuencia en algunas de las siguientes generalizaciones:

(1) Si su cliente dice haber sufrido violencia psicológica o física de parte de su ex-cónyuge, este dato es interpretado como predictor de abuso sexual.  El razonamiento-erróneo- que se sigue es que si alguien es "trasgresor" en ciertas áreas de su vida, lo puede ser en otras.

(2) Si el/la cliente informa que su ex-cónyuge tiene hábitos sexuales promiscuos, o considerados "aberrantes" (ej.preferencia por sexo oral o anal, uso de videos o accesorios, etc.), o bien una sexualidad considerada muy intensa, este dato es también asumido en apoyo de la presunción de abuso.

(3) Si el acusado ha incurrido en castigos físicos sobre los niños, se considera que también es capaz de abusar sexualmente.

(4) Si el cliente juzga que su ex-cónyuge tiene orientación homo o bisexual, por su historia, modales, etc., este juicio afirma al letrado en la creencia acerca de la veracidad de la denuncia.

(5) Si el acusado se muestra descortés o agresivo en reuniones, audiencias, etc. también  afianza la presunción de su culpabilidad.

Estas creencias precipitan al letrado en una verdadera cruzada en pos de la defensa del menor, de la que es muy difícil retornar. Es improbable que, en esta etapa de su compromiso,  acepte que dicha defensa incluye asegurarse minuciosamente de que el abuso ocurrió, porque de lo contrario está contribuyendo a lesionar los mismos derechos que se propone defender.

(6) La falta de datos médicos.

La complejidad de temas médicos y psicosociales implicados en el fenómeno del abuso determina que la mayoría de los pediatras no estén suficientemente preparados para responder a este sector de su práctica clínica. La insuficiencia curricular, los factores afectivos limitantes y la carencia de cursos de especialización afectan su práctica. Si las evaluaciones médicas están bien conducidas sirven al interés del niño y su familia. Por el contrario, una evaluación inadecuada puede dañar al niño y a su familia, por el estrés del examen y por la desinterpretación de los hallazgos clínicos (Kirschner & Stein, 1985; Money & Lamacz, 1987; Paradise, 1989). Giardino y col. (1998) presentan resultados de un estudio realizado sobre respuestas a cuestionarios de 147 profesores y 64 residentes, que encontraron insuficiente su preparación para este tipo de práctica clínica. Por lo general, los pediatras no disponen de un protocolo estandarizado de examen, ni de un adecuado apoyo interdisciplinario.

A lo dicho se agrega la reticencia de los pediatras a reportar hallazgos (fe3082Schetky D. H. & Benedek, E. P. (1985)  Emerging Issues in Child Psychiatry and Law. 

New York, Brunner/ Mazel. Sedlak A.J.  & Broadhurst, D.D. (1996) 

Executive Summary of Third National Incidence Study of Child Abuse and Neglect.  Washington DC, National Center on Child Abuse and Neglect, HHS. Shor, R. (1998)

Pediatricians in Israel: Factors wich Affect the Diagnosis and Reporting of Maltreated Children. Child Abuse & Neglect, 22, 2,143-153.

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